Reforma al Sistema Electoral

Desde el retorno a la democracia en 1990, han habido al menos 13 proyectos destinados a cambiar el sistema electoral. De ellos 11 han sido rechazados, removidos o archivados y 2 están en trámite. Cabe destacar que ambos proyectos en trámite (Boletín 7417-07 y Boletín 8178-06) son los únicos en que han participado al menos un miembro de la Alianza.

Abajo, la lista de boletines más importantes, el objetivo central de cada proyecto y sus respectivos autores.

Patricio Aylwin (1990-1994):

Boletín 721-07 (09.06.1992 – 09.07.1997). Aumentar el número de diputados de 120 a 124. Autores: Ruíz (PDC), Vodanovic (PS), Ortíz (RN) y Calderón (PS).

Eduardo Frei (1994-2000):

Boletín 720-07 (09.06.1992 – 09.07.1997). Para la Cámara, se elimina la disposición que fija el número de diputados en 120 y establece que la ley determinará los distritos para su elección. Para el Senado, establece que cada región constituirá una circunscripción senatorial y que la ley determinará cuantos senadores elige cada región. Autor: Mensaje.

Boletín 1328-07 (18.08.1994 – 09.07.1997). Reforma constitucional que modifica la composición del Parlamento, estableciendo que la Cámara se compone de 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la ley, eligiéndose dos o más diputados por distrito. En el caso del Senado, plantea se integre por 47 miembros, elegidos por circunscripciones senatoriales. Cada una debe elegir al menos dos senadores. Autor: Mensaje.

Boletín 2028-07 (22.05.1995 – 15.05.1997). Propone reforma constitucional, estableciendo que en las elecciones parlamentarias se use un sistema de representación proporcional. Se mantiene el número de 120 diputados. Cada región constituye un distrito y el número a elegir depende de su población. Senado se compone de 47 miembros, elegidos en votación directa nacional. Autores: José Antonio Viera-Gallo (PS), Armando Arancibia (PS) y Fanny Pollarolo (PS).

Boletín 2119-06 (04.10.1997 – 09.06.1998). Reforma la Ley 18.700, estableciendo para la elección de la Cámara de Diputados un sistema de representación proporcional (d’Hondt). Cambia el número de distritos, proponiendo que sean 30. Cada uno elegirá como mínimo 2 diputados, mientras los cupos restantes se distribuirán entre los distritos de acuerdo al porcentaje de electores de cada distrito. Autor: Mensaje.

Ricardo Lagos (2000-2006):

Boletín 2511-07 (13.06.2000 – 06.07.2006). Plantea modificar la Constitución, estableciendo que la Cámara de Diputados esté compuesta por 140 miembros. Ellos serían elegidos por los distritos que establezca la ley, no pudiendo ninguno de ellos elegir a menos de dos ni más de siete. A los 38 senadores electos a través del sistema binominal, agrega se elijan 12 senadores nacionales elegidos en una circunscripción nacional única que comprende todo el territorio (elimina así los senadores designados). Autores: Francisco Huenchumilla (PDC), Ignacio Walker (PDC) y Sergio Elgueta (PDC).

Boletín 4061-07 (20.12.2005 – 08.03.2006). Reforma constitucional que introduce el sistema de representación proporcional para elección de diputados y senadores. Suprime la norma constitucional que fija en 120 el número de diputados. La ley deberá establecer el sistema electoral concreto. Autor: Mensaje.

Boletín 3976-06 (13.09.2005 – 04.09.2008). Modifica ley 18.700 estableciendo se agreguen 30 nuevos cargos de diputados y sobre la base de los votos obtenidos por cada lista en la elección (sistema de compensación). Aumenta en 10 el número de Senadores, que también se determinan de acuerdo a la proporción de votos que cada lista obtiene a nivel nacional. Para determinar los diputados y senadores electos en este sistema paralelo se proclama a los candidatos que obtengan la votación proporcional más alta de su lista ordenada porcentualmente a nivel nacional de mayor a menor , excluidos los electos a través del sistema binominal. Autor: Gabriel Ascencio (PDC).

Boletín 4027-06 (19.10.2005 – 22.04.2010). Propone una reconfiguración de los distritos para la elección de diputados y de las circunscripciones para la elección de senadores que establece la ley 18.700. De acuerdo a la propuesta serían 24 los distritos, eligiendo cada uno cinco diputados. En el caso de Senado, cada región constituiría una circunscripción senatorial. Tres regiones elegirían seis senadores cada una, otras cinco escogerían cuatro y otras dos tendrían tres y dos sólo dos senadores. Reformula mecanismo de asignación de escaños, estableciendo que serían electos a los candidatos que dentro de cada lista hayan obtenido las primeras mayorías en cada distrito o región. Autores: Rafael Moreno (PDC), Hosain Sabag (PDC), Andrés Zaldívar (PDC) y Adolfo Zaldívar (PDC).

Michelle Bachelet (2006-2010):

Boletín 4245-07 (15.06.2006 – 10.04.2007). Sobre la base de la propuesta de la Comisión Boeninger, plantea modificación constitucional para incluir en el texto una norma que establece que en las elecciones de parlamentarios se utilice un sistema de representación proporcional. Elimina de la constitución el número 120 que fija los miembros de la Cámara de Diputados. Establece que la ley puede crear mecanismos para incentivar la participación política de las mujeres. Autor: Mensaje.

Boletín 4968-07 (10.04.2007 – 09.07.2008). Suprime la norma que establece en 120 el número de diputados. Autor: Mensaje.

Sebastián Piñera (2010-2014):

Boletín 7417-07 (06.01.2011 – en trámite). Incorpora 12 senadores, a través de seis nuevas circunscripciones, y agrega 30 cupos a la Cámara, elegidos a través de un sistema proporcional. Autor: Pedro Araya (PRI), Gabriel Ascencio (PDC), Pepe Auth (PPD), Jorge Burgos (PDC), Felipe Harboe (PPD), Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Alberto Robles (PRSD), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Teillier (PC).

Boletín 8178-06 (31.01.2012 – en trámite). En el caso de elecciones de Parlamentarios, el Tribunal proclamará elegidos Senadores o Diputados a los candidatos o candidatas que individualmente obtengan las dos más altas mayorías totales de votos. Autor: Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Antonio Horvath (RN).

Para más información, ver: Cámara de Diputados, Senado.

La Caída de RN

Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente están juntos porque se necesitan, no porque lo quieren. Si compitiendo individualmente podrían obtener como mínimo las cuotas de poder que obtienen compitiendo en conjunto, se pondría fin a la Alianza por Chile.

Por ser una coalición necesaria, la distribución interna de poder a menudo acaba en negociaciones arduas y complicadas, que rara vez dejan satisfechas a ambas partes. Porque lo que le conviene a uno, no necesariamente le conviene al otro. Sin embargo, han decidido permanecer juntos durante las últimas dos décadas.

El origen de ésta paradoja está en la formación de la coalición en 1989, tras el retorno a la democracia. Si bien un clivaje ideológico agrupó a los partidos que se opusieron al gobierno militar en una coalición, y a los que estuvieron a favor en otra coalición, han sido las reglas electorales las que las han perpetuado.

Por un lado, las reglas de elecciones presidenciales dan por vencedor al candidato que logre más de 50% de los votos. Esto ha llevado a que los partidos busquen agruparse en coaliciones para obtener una mayoría que de otra forma sería imposible.

Por otro lado, las reglas de elecciones legislativas otorgan 2 escaños a la lista más votada si logra doblar en votos a la segunda lista más votada. Esta ha llevado que los partidos busquen agruparse en coaliciones para intentar doblar a la otra coalición, o bien para evitar el doblaje en contra.

En un comienzo, RN fue el partido más poderoso dentro de la Alianza. Se impuso a la UDI en todas las elecciones que siguieron el retorno a la democracia, lo que le permitió ser el controlador de las decisiones dentro de la coalición y preservar el poder al auto-designarse la mayoría de los cupos electorales.

En 2000 esta situación se revirtió. Si bien fue en gran parte debido a los constantes conflictos entre la UDI y RN, tres hechos específicos destacan como los responsables en el cambio en el balance de poder, donde la UDI finalmente reemplazó a RN como el partido más grande de la coalición.

El primer hecho lo protagonizaron Sebastián Piñera y Evelyn Matthei en 1993. En la batalla por la candidatura presidencial, el espionaje telefónico a una conversación de Piñera (Piñeragate) derrumbó la esperanza de ambos. Finalmente Matthei renunció a RN y se sumó a la UDI.

El segundo hecho se dio en el marco de las convenciones presidenciales de la Alianza el mismo año, cuando RN levantó a Manuel Feliú como candidato, pero las élites de la UDI unilateralmente decidieron reemplazarlo con un candidato de su propio sector: Arturo Alessandri Besa.

El tercer hecho se dio en las elecciones senatoriales de 1997, cuando la “campaña de las drogas” de Carlos Bombal (UDI) amartilló la de Andrés Allamand (RN) en Santiago Oriente. El ímpetu de la victoria llevó a que Joaquín Lavín (UDI), alcalde de Santiago, se auto-proclamara el candidato presidencial de 1999.

El exitoso–y sorpresivo–rendimiento de Lavín en las elecciones presidenciales de 1999 fue el principio de la caída definitiva de RN. La potente campaña de Lavín fue usada por la UDI como la inspiración para movilizar a todos los votantes de la derecha tras su causa.

En 2000, el mismo año que la segunda vuelta presidencial, la UDI por primera vez logró obtener más votos que RN en una elección. El hecho marcó el final del liderazgo de RN. En 2001, 2004, 2005, 2008 y 2009 la UDI fue el partido más votado de la Alianza.

El poder en la Alianza suma-zero. Cuando un partido obtiene poder, es a costo del otro. Y la historia muestra que el poder ha sido sistemáticamente transferido desde RN hacia la UDI. Sin un cambio significativo a las reglas electorales, RN está condenado a permanecer como el partido más pequeño de la derecha.

No Todo está Perdido: Reforma Electoral y Reforma Tributaria

El gobierno de Piñera ha sido a lo más mediocre. Los errores no forzados han llevado al Presidente a obtener los niveles de popularidad más bajos de la historia democrática moderna. Esto ha afectado directamente la gobernabilidad, significativamente limitando la implementación de la agenda de trabajo que se prometió durante la campaña de 2009/2010.

Pero no todo está perdido. Para comparar con un gobierno de 4 años, el de Bachelet también tuvo un mal comienzo. Después de obtener niveles de aprobación presidencial cerca de su votación base (55%) en los primeros meses de gobierno, los índices rápidamente cayeron a estar entre 30% y 40% de aprobación. Esto solo se pudo revertir a partir del último año de gobierno, cuando finalmente pudo superar el 50%.

Si comparamos tendencias, vemos que tanto Bachelet como Piñera partieron con un alto nivel de apoyo, pero que se deterioró rápidamente. Para ambos, este sentimiento ciudadano se mantuvo durante los dos primero años de gobierno. Y si Bachelet pudo recuperar, y mejorar, su aprobación presidencial, Piñera también puede. Pero para hacer esto, es crucial elegir el camino adecuado.

Mi opinión es que una reforma electoral y una reforma tributaria no solo podrán revertir la tendencia de aprobación presidencial y mejorar la gobernabilidad, pero podrán posicionar a la Alianza en la mejor posición posible para enfrentar la elección presidencial de 2013. Ambas son reformas que son transversales a los partidos políticos y que recogen la simpatía de la ciudadanía.

Sin embargo, es importante enfocarse en cómo y cuándo llevarlas a cabo.

Reforma electoral debe ser el tema de gobierno en 2012. Hasta el momento, la reforma se ha tratado en círculos de élite–partidos políticos, comisiones ejecutivas y casas de estudios–que concuerdan en la necesidad de un cambio. Si no existe una demanda ciudadana es precisamente por su carácter político. El gobierno debe subrayar esta situación e incluir a los ciudadanos en su diseño.

En un año electoral (municipales 2012), un trato horizontal de este tema será recompensado por los votantes. Abrir el debate–en la medida de lo posible–a la gente mostrará el espíritu de transparencia y de democracia que hasta el momento han sido las principales criticas de la oposición. Además, Piñera tendrá en sus manos la posibilidad de ser visto como el padre del sistema político del siglo XXI.

Reforma tributaria debe ser el tema de gobierno de 2013. No sólo es una demanda ideológicamente transversal, pero es la salida del principal problema de Piñera: el conflicto de la educación. Es evidente que no se terminarán las demandas de los estudiantes en lo que queda del periodo. Pero es igual de evidente que un cambio al sistema de tributos es el comienzo.

Es necesario invertir al menos el mismo tiempo que se ha invertido en pensar un nuevo sistema electoral, en pensar un nuevo sistema de tributos. Hasta el momento han habido varias propuestas e ideas para un recambio, pero el gobierno debe darle el tiempo y la importancia que necesita. Si existe un compromiso de reforma tributaria, los ciudadanos entenderán que podrá esperar hasta 2013.

Una buena estrategia mediática deberá acompañar al gobierno en liderar estas dos reformas. Lejos de presentarlas como el gran proyecto de la derecha, el gobierno deberá silenciosamente buscar compromisos de todos los sectores para llevarlas a cabo. No hay duda que tras diseñar e implementar estas reformas, la gente tendrá una percepción muy diferente de Piñera y la Alianza.

Reforma Electoral Gradual: Mala Estrategia

La semana pasada ProyectAmérica (PA) y el Centro Democracia y Comunidad (CDC) presentaron su propuesta de reforma electoral. El objetivo general de la propuesta es instalar la igualdad del voto, mejorar la representatividad, fortalecer la gobernabilidad y aumentar la competencia. A primera vista la propuesta parece ser un aporte positivo y un proyecto políticamente viable. Responde a los criterios básicos exigidos por los partidos de la Alianza, y apunta a mejorar los aspectos del sistema electoral que han sido constantemente criticados por la Concertación desde los noventas.

Pero una mirada más crítica nos muestra todo lo contrario. La propuesta tiene tantos problemas de viabilidad como de finalidad.

El primer problema es la estrategia de dos fases que propone para lograr su objetivo:

La primera fase considera el término del binominal por la vía de aumentar el número de escaños y el número de candidatos en base a una proporcionalidad de base regional, sin redistritaje. La segunda fase considera un nuevo cálculo de las proporciones exactas de los distritos a través de un redistritaje basado en el Censo de 2012, que deberá ser elaborado antes de la elección parlamentaria de 2017.

El problema con esta estrategia es que lo más probable es que la reforma se detenga tras implementar la primera fase. En un artículo anterior mostré que dentro de los partidos de la Alianza, solo RN estaba dispuesto a negociar cambios al sistema binominal. Pero el cambio más drástico propuesto por RN es solo aumentar el número de legisladores electos por distrito y circunscripción. Esto es consistente con la primera fase propuesta por PA y el CDC. De hecho demasiado consistente. Tanto la propuesta de RN como la de PA y el CDC proponen aumentar el número de diputados electos en 30 (de 120 a 150) y el número de senadores electos en 12 (de 38 a 50). Es decir, tras la primera fase, es difícil esperar que los partidos de la Alianza estén dispuestos a continuar la reforma propuesta en la segunda fase. Cuestiono seriamente la viabilidad de una reforma electoral que en su primera fase permita a la Alianza entregar el 100% de su oferta.

Este cuestionamiento es aun más nitido al mirar la disposición política de los partidos al momento de reemplazar el sistema binominal. En un artículo anterior mostré que la probabilidad de ver un proyecto de reforma electoral que incluya un sistema proporcional pasar por el Congreso es muy baja. En mi simulación de una votación de 5 proyectos de reformas electorales (sistema binominal corregido, sistema mayoritario, sistema mixto compensatorio, sistema mixto paralelo, sistema proporcional) encontré que solo pasaría un sistema binominal corregido o un sistema mayoritario. Dado que la primera fase de la propuesta de PA y el CDC es solo una corrección al sistema binominal, es natural anticipar que sea aceptada por los partidos de la Alianza (al menos RN). Es decir, dentro del rango de propuestas a reformas al sistema electoral, los partidos de la Alianza no estarían dispuestos a apoyar un proyecto que contemple representación proporcional de cualquier tipo.

El segundo problema es sobre la segunda fase propuesta por PA y el CDC. Si bien estoy de acuerdo con que el sistema binominal es poco competitivo y poco proporcional y que es necesario un redistritaje y una compensación territorial adecuada, creo que el método propuesto en el proyecto no es el mejor. Tal vez es el más viable, porque implica menos cambios (y por ende menos escollos improvistos al momento de legislar), pero no es el mejor para incorporar más competencia y proporcionalidad en el sistema. De hecho, el único gran cambio de esta propuesta es redistritar de acuerdo al censo de 2012. Eso implicaría que cada distrito y circunscripción estarían eligiendo un número de legisladores proporcional al tamaño de su población, relativo al resto de las unidades electorales en el país. Adoptar esta reforma implica omitir otros métodos de lograr lo mismo (más competencia y más proporcionalidad) pero de mejor manera.

Por ejemplo, en vez de mantener la fórmula electoral d’Hondt (que es actualmente usado para elecciones legislativas y de concejales), se podría contemplar adoptar la fórmula electoral Sainte-Laguë. Ambas son fórmulas (de método de promedio mayor) utilizadas en sistemas donde compiten múltiples partidos en múltiples listas por múltiples escaños. La diferencia es que mientras la fórmula d’Hondt usa como divisor números enteros de forma continua (1, 2, 3, 4, etc), la fórmula Sainte-Laguë usa como divisor solo números impares (1, 3, 5, 7, etc). El efecto es que el primero favorece a los partidos más grandes, mientras que el segundo es estrictamente proporcional. Incluso con múltiples partidos compitiendo en el sistema, es probable que bajo la fórmula d’Hondt el partido con la mayoría de votantes obtenga al menos la mitad de los escaños. Mi punto es que si el objetivo de la reforma electoral es aumentar la proporcionalidad se podrían contemplar métodos alternativos para distribuir los escaños.

Mi problema con la propuesta de PA y el CDC es tanto su viabilidad como su finalidad. Es poco viable que el proyecto pase por ambas fases. Lo más probable es que se logre aprobar la primera fase de aumentar el número de legisladores electos, y que previo a pasar a la segunda fase se congele de forma indefinida. Además, si la intención de PA y CDC es incorporar más competencia y proporcionalidad al sistema sugiero buscar alternativas a la fórmula electoral d’Hondt. Sainte-Laguë es mi favorita, pero existen otras que se insertarían bien dentro de la realidad chilena, como los de método de resto menor Hare quota, Droop quota o Imperiali quota. O si se decide mantener la fórmula actual, bien se podría considerar la viabilidad de crear una lista nacional para corregir las distorsiones que provoca.

Mi propuesta se aleja bastante de la de PA y CDC. En un artículo anterior argumenté que una reforma electoral gradual es una mala estrategia para un sistema de partidos congelado. Lo más probable es que proyectos de reforma electoral gradual se estaquen de forma permanente en el Congreso. Desde mi perspectiva, creo que una reforma electoral debe incluir todas las reformas que alguna vez se piensen hacer. Es decir, el proyecto de reforma electoral debe ser definitivo e inclusivo. Debe comprender el tipo de sistema (uninominal, binominal, proporcional), el método de registro (inscripción automática, inscripción voluntaria), las carácter del voto (voto voluntario, voto obligatorio), los aspectos geográficos (mantener distritos actuales, redistritar) y el número de legisladores a elegir. Avanzar hacia una reforma electoral de forma gradual no ha sido una buena estrategia en los últimos 20 años. Sería mucho más fructífero para la democracia ver los enclaves autoritarios eliminados de una buena vez.

Una Reforma Electoral Mediocre

La semana pasada me invitaron a firmar una carta apoyando la inscripción automática. La firmé y fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo. El objetivo de la carta fue presionar a la clase política para formalizar el traspaso de la antigua forma de registro electoral (inscripción voluntaria) a la nueva forma de registro electoral (inscripción automática). Entre las 108 personas quienes firmaron la carta, hubo quienes la apoyaron pensando en el voto obligatorio y quienes la apoyaron pensando en el voto voluntario.

En una carta de réplica, Mauricio Morales argumentó que cualquier tipo de apoyo a una inscripción automática sería por defecto un apoyo al voto voluntario:

… los firmantes omiten el artículo 15 de la Constitución (actualizada a octubre de 2009): “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”. Es decir, que en caso de regir la inscripción automática, el voto será voluntario.

Morales tiene razón. En el fondo, la carta es un apoyo a la inscripción automática con voto voluntario (IAVV). Es decir, no hay forma alguna en que los firmantes que apoyan la inscripción automática con voto obligatorio (entre ellos yo) tengan la posibilidad de ver su preferencia de registro electoral materializarse. Al menos que exista una segunda reforma constitucional al artículo 15 (lo cual es altamente improbable), el voto en las próximas elecciones será voluntario.

Sin embargo, sabiendo esto de antemano, decidí firmar la carta de todos modos. Principalmente porque apoyo la inscripción automática en cualquier caso. Mientras creo que voto obligatorio sería su mejor combinación, también porque creo que el voto voluntario podría ser bueno bajo el sistema electoral actual. Un registro electoral de IAVV bajo el sistema binominal incorporaría un algo de incertidumbre a elecciones altamente predecibles.

Pero al largo plazo la IAVV no es una solución viable. Simples estudios de patrones de voto permitirán a los candidatos sistematizar sus campañas, lo que eventualmente volverá a estancar el sistema político. Es decir, un voto voluntario puede hacer poco para permanentemente instalar competencia en las elecciones. La combinación entre voto voluntario y sistema binominal tiene sentido a corto plazo, pero no logra resolver los problemas de fondo.

Si realmente existe un debate genuino sobre una reforma al sistema electoral, es importante tomar en cuenta todos los aspectos de la reforma. Es común ver errores de policy makers al reformar políticas de manera gradual. Muchas veces las etapas de los proyectos no son compatibles entre sí. Lo mismo sucede con la implementación de sistemas electorales. Es crucial tomar en cuenta todas las características y combinaciones para determinar sus potenciales efectos.

Por eso es imperativo que cualquier proyecto de reforma electoral revise con atención toda combinación de reglas electorales. Ya existe un debate sobre el efecto de la IAVV sobre el binominal. Pero no existe un debate de su compatibilidad con otros tipos de sistema electoral. ¿Cuál es el efecto de la IAVV sobre un sistema uninominal? ¿Cuál es el efecto de la IAVV sobre un sistema proporcional?

No tomar en cuenta el efecto del método de registro electoral es en todo sentido contraproducente.

Mi propuesta es que la IAVV se condicione al sistema binominal, por ahora. Y cuando la clase política finalmente decida (si es que decide) cambiar el sistema electoral, recién se discuta cuál es la forma de registro más compatible con el sistema-a-adoptar. Soy partidario de otorgarle más competencia al binominal por medio de la implementación de la IAVV, siempre y cuando se vuelva a discutir el método de registro al momento de la reforma electoral permanente.

Entonces, desde mi punto de vista, el cambio transitorio implica adoptar la IAVV para todas las elecciones que se lleven a cabo bajo el actual sistema binominal. Asimismo, el cambio permanente implicar volver a discutir el método de registro.

Lo más probable, sin embargo, es que la reforma sea una mediocre. Es improbable que los legisladores estén dispuestos a modificar la ley electoral dos veces consecutivas, aunque objetivamente sea la mejor forma (dado las condiciones) de potenciar la calidad de la democracia. En cambio, sí van a estar dispuestos a legislar para ganar pequeñas batallas en la opinión pública. Aprobar la IAVV de forma transitoria tiene sentido; instalarlo como el método permanente no.

Salvemos la Democracia: ¡Inscripción Automática Ahora!

Esta es la transcripción de una carta que firmé, junto a 107 otros académicos, actores sociales y líderes de opinión apoyando la inscripción automática para votar en elecciones de Chile. Fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo, el Lunes 17 de Octubre de 2011.

Chile tiene en la actualidad uno de los sistemas de registro electoral más extraños del mundo: en la Constitución existe la inscripción automática desde abril de 2009, pero en la práctica seguimos teniendo la obligación de inscribirnos en un registro disponible en ciertos lugares, en ciertos días y cierto horario.

Si todos los sectores políticos manifestaron su voluntad de eliminar esta verdadera barrera a la entrada a la participación política, ¿qué pasa que la inscripción automática hoy no está vigente? Se requiere de una ley que la implemente. Los responsables han aludido la dificultad técnica de incorporar parte importante de los no inscritos al padrón automático. De esta manera se pone en riesgo su implementación para las elecciones municipales del 2012 y presidenciales – parlamentarias 2013.

El resultado del actual sistema: después de 21 años de democracia, más del 90% de los mayores de 45 años votan, pero sólo el 20% de los menores de 30 años lo hace.

Chile tiene la capacidad de acelerar el proceso y cumplir lo señalado en la reforma. Lamentablemente la inscripción automática significa para muchos representantes mayor incertidumbre respecto de su propio resultado electoral, escenario que prefieren evitar. El incentivo pareciera estar en dejar las cosas como están, mientras se sigue debilitando la representatividad de nuestra democracia.

Los firmantes de esta carta, formando parte de un movimiento ciudadano transversal, no buscan una ventaja electoral para un partido o sector político determinado. Del mismo modo tienen visiones distintas respecto del debate de fondo sobre la voluntariedad u obligatoriedad del voto. Entre ellos también existen diferencias respecto de las otras modificaciones que requiere nuestra democracia. Aun así, todos coinciden en que el estado actual sólo consolida un padrón estrecho y avejentado a la vez que augura menos competencia y participación electoral; la inscripción automática es paso esencial y prioritario para revertir la crisis de representatividad.

Por lo anterior, especialmente en un año en el cual la juventud se ha tomado la calle para expresar su deseo de incorporarse al debate público, se hace urgente que los actores políticos cumplan su compromiso. Sabemos que nuestras instituciones públicas son capaces en corto plazo de salvar las barreras técnicas que implica este desafío. Lo que demandamos es la voluntad política para que esta reforma se haga operativa antes de las próximas elecciones municipales. Estamos contra el tiempo y no podemos esperar un día más.

A través de esta carta y los abajo firmantes exigimos al Gobierno, Congreso y Partidos Políticos que discutan con urgencia inmediata la legislación que permite la pronta implementación de la inscripción automática.

Fue firmada por: Sebastián Iglesias, Cristóbal Bellolio, Sebastián Bowen, Claudio Fuentes S., Jaime Bellolio, Marcela Ríos, Robert Funk, José Francisco García, Tomás Chuaqui, Lucia Dammert, Francisco Javier Díaz, Patricio Navia, Jorge Navarrete, Juan Pablo Luna, Nicolás Grau, Mauricio Dorfman, Humberto Sichel, Felipe Heusser, Marcelo Brunet, Luis Felipe Merino, Rodrigo Castro, Danae Mlynarz, Eugenio Guzmán, Cristobal Aninat, Lucas Sierra, Oscar Landerretche, Julio Pertuzé, Alejandro Micco, Stephanie Alenda, Andrés Valdivia, Claudia Heiss, Daniel Hojman, Aldo Schiappacasse, Juan Pedro Pinochet, Claudia Sanhueza, Eduardo Engel, Javier Couso, Andrea Betancor, Aldo González, Andrés Azocar, Camilo Ballesteros, Cecilia Castro, Sebastián Cantuarias, Gonzalo Müller, Consuelo Saavedra, Ángel Soto, Vlado Mirosevic, Jorge Contesse, Gonzalo de la Maza, Sergio España, María de los Ángeles Fernández, Pedro Glatz, Cristóbal Huneeus, Alex Godoy, Alejandra Jorquera, Soledad Teixidó, Marcelo Mena, Claudio Castro, Juan José Ossa, Rodrigo Jordán, Matias Asún, Daniel Manoucheri, Rodrigo Guendelman, Fernando Paulsen, Claudio Agurto, Luis Argandoña, Davor Mimica, Javier Sajuria, Alfredo Joignant, José Miguel Benavente, Rolando Jiménez, Monserrat Nicolás, Carlos Correa, María Gracia Subercaseaux, Roberto Méndez, Kenneth Bunker, Andrea Repetto, Harald Beyer, Camilo Feres, Cristina Bitar, Felipe Melo, Elisa Zuleta, Axel Káiser, Andrés Kalawski, Diego Schalper, Gloria De La Fuente, Pamela Díaz-Romero, Manuel Antonio Garretón, Matías del Río, Juan Carlos Eichholz, José Viacava, Pablo Ruiz-Tagle, Patricia Politzer, Sergio Micco, Kenzo Asahi, Leo Prieto, Patricio Fernández, Max Colodro, Cristóbal Tello, Cristóbal Yurazseck, Javier Fano, Esperanza Cueto, Javier Sanfeliú, Pablo Lira, Juan Manuel Astorga, Andrea Sanhueza, Rossana Castiglioni, Francisco Javier Urbina, María Olivia Recart, David Altman.

El Legado de Piñera

A casi un año y medio de que asumió el actual gobierno, no sabemos cuál va ser el legado de Sebastián Piñera. En este artículo especulo sobre dos posibles alternativas. Una alternativa es la reforma a la educación; otra alternativa es la reforma al sistema electoral. Mientras es casi seguro que la primera está destinada a fracasar (por no estar en sincronía con el gobierno de Piñera), la segunda puede ser una de las obras más trascendentes del futuro de Chile.

Un legado es el sello de un Presidente. Es la misión primaria de la administración. Es el recuerdo que el gobierno deja en la mente de la gente. Un legado puede ser positivo o negativo. En cuanto a su trascendencia política, un legado positivo puede significar una exitosa reelección de la coalición del Presidente. En cambio, un legado negativo puede bien llevar a una masacre electoral en las urnas.

En Chile, es relativamente fácil identificar los legados de los presidentes desde el retorno de la democracia. Cuando Patricio Aylwin asumió el poder en Marzo de 1990, tomó mando de un país sin instituciones democráticas. Por eso fijó la tarea nacional en términos de «transición a la democracia». Su gobierno definió un método de negociaciones y acuerdos llamado la «democracia de los consensos».

Los avances del gobierno de Aylwin en materias políticas ayudaron a crear una base estable para el siguiente gobierno. Por eso Eduardo Frei tuvo relativa facilidad en maximizar las prospectivas económicas (al menos hasta 1997). Si bien el termino de su gobierno estuvo marcado por la crisis asiática, logró abrir el mercado chileno mediante la firma de importantes tratados de comercio alrededor del mundo.

La recesión económica hacia el termino del gobierno de Frei ayudó a identificar importantes carencias que se venían arrastrando en el país. Por eso Ricardo Lagos ofreció pavimentar el camino hacia el desarrollo. Y eso hizo. Construyó carreteras, puentes y túneles a lo largo y ancho del país. Paralelamente, trabajó en la modernización del Estado, adaptando las herramientas vetustas del gobierno, a las demandas ciudadanas del siglo XXI.

Los gobiernos consecutivos de Aylwin, Frei y Lagos conformaron una exitosa secuencia para transformar un país autoritario en uno democrático. Por eso Michelle Bachelet vio la oportunidad de abrir los beneficios que habían construido los gobiernos anteriores a un mayor número de gente. Su gobierno se caracterizó por la inclusión social. Desde su estilo de liderazgo a sus políticas económicas. Su legado fue entregar alternativas y oportunidades a las clases más desprovistas.

Con la elección de Piñera en 2010, se acabó el ciclo de la Concertación. Y tal vez por ser el primer gobierno de derecha en 50 años, Piñera no ha podido alinear el objetivo de su gobierno con la trayectoria de los gobiernos anteriores. Los problemas que ha enfrentado durante la primera parte de su gobierno ha reducido significativamente la gobernabilidad de su administración, impidiéndolo de fijar una meta de consenso nacional.

Tras las movilizaciones estudiantiles, Piñera vio la oportunidad de hacer la reforma a la educación su gran legado. No se puede ignorar que La Moneda ha hecho un importante esfuerzo para buscar un acuerdo con los estudiantes. Pero cuando se presentó la propuesta del gobierno (GANE), y fue rápidamente rechazada por los estudiantes, Piñera comenzó a dudar que la educación sería su gran legado. La distancia entre los objetivos de los estudiantes y la disposición del gobierno es simplemente demasiado amplia.

Si Piñera desea mantener su estatus de Presidente de derecha, cualquier tipo de acuerdo entre La Moneda y los estudiantes será mediocre. Y si Piñera quiere pasar a la historia, o al menos reelegir su coalición al poder en 2013, no lo podrá hacer con un legado mediocre. Por eso creo que el legado de Piñera reside en otro lugar. Creo que el mejor legado que puede aspirar Piñera es reformar el sistema político.

Cambiar las leyes electorales tiene un impacto significativo en la forma en que se hace política. Una reforma de fondo al sistema binominal puede consolidarse en un cambio substancial del comportamiento de los actores políticos. Piñera puede pasar a la historia como el Presidente de derecha que abolió el último enclave autoritario de Pinochet. Puede revindicar a la derecha como una coalición democrática.

Esto se puede hacer relativamente fácil y rápido. Los votos están disponibles en el poder legislativo. Cualquier proyecto de reforma electoral que ofrezca Piñera tendrá que ser bienvenido por los partidos de la Concertación. Tras una lucha de 20 años para cambiar las reglas electorales en la Constitución, no podrán rechazar una propuesta de Piñera. Por eso no es ni necesario levantar un proyecto atractivo, solo debe ser un proyecto de cambio.

Hasta el momento, Piñera tiene la vara alta. La sincronización y efectividad de los legados positivos de los gobiernos de la Concertación lo están presionando a recapacitar sobre la profundidad de su propio legado. Una reforma mediocre a la educación no lo pondrá a la altura de los legados anteriores, y le costará en las urnas. En cambio, una reforma al sistema electoral lo dejará en una inmejorable posición para ser declarado el padre del Chile del futuro.